Introducción

La seguridad pública es definida como:

"el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública a través de la persecución de los delitos y de las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y el de policía administrativa." (Ver nota 1)

Nuestro país en los últimos años ha enfrentado una terrible crisis de seguridad pública. Uno de los fenómenos que evidencian esta situación es el aumento constante a lo largo del país del número de delitos cometidos, desde los meros asaltos en la vía pública hasta casos de narcopolítica con gobernadores y militares involucrados pasando por los famosos delitos de cuello blanco.

El crimen flagela a todos por igual sin distinción de raza, sexo o posición social; afecta a políticos prominentes (Ruiz Massieu, Colosio, Clouthier, etc.) o a nuestros familiares y vecinos cercanos.

El aumento de la criminalidad tiene orígenes diversos. No se deriva de un solo fenómeno sino de una complejo conjunto de factores. Pese a esto, la autoridad pública carga con la mayor parte de la responsabilidad debido a su incapacidad, o su falta de voluntad, de resolver o revertir esta escalada de inseguridad.

Junto a la crisis económica por la que hemos atravesado en los últimos 20 años, que lanza hacia la pobreza a millones de mexicanos, encontramos la descomposición de los órganos encargados de la Seguridad Pública como detonantes del aumento de los índices delictivos.

Hemos descubierto que los órganos encargados de protegernos se han coludido con la delincuencia; los ejemplos llenarían cuartilla tras cuartilla: el caso de la Dirección Federal de Seguridad y su alianza con reconocidos narcotraficantes; el caso del General Gutiérrez Rebollo y su alianza con el cártel de Juárez; el caso de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa y sus nexos con el narcotráfico (VER NOTA 2 ); el asesinato de jóvenes por grupos policiales de extracción militar; la violación de jovencitas por policías, etc. Los órganos que deben ser los garantes de la ley se convierten en los primeros que no la respetan.

El panorama es aún más desalentador cuando los principales líderes políticos del país, del presente o el pasado, son frecuentemente señalados como parte de organizaciones delictivas que lucran en perjuicio del resto de la población.(VER NOTA 3) O cuando esta misma clase política actúa en contra de las leyes y del interés colectivo continuando su vida con tranquilidad e impunidad.

El problema mayor es que en un ambiente de permanente y creciente inseguridad, cualquier actividad social es imposible. No puede pensarse en hacer negocios ante la incertidumbre de ser robado o secuestrado; no pueden tampoco desarrollarse los derechos políticos de la población si antes no se le garantiza al menos el respeto a su integridad personal.

El Distrito Federal no tiene una situación de excepción a la del resto de la República en esta materia. Afortunadamente, la problemática no es tan severa como en los Estados que sirven de ruta para el tráfico de droga hacia EE.UU. (Sinaloa, Jalisco, Baja California o Tamaulipas), que se encuentran en un estado de sitio. El problema principal del D.F. ha sido albergar al mismo tiempo en su seno la opulencia más insultante junto con la pobreza más denigrante.

El panorama de exclusión social que se padece en la capital de la República propició la aparición de delitos principalmente en contra del patrimonio de la ciudadanía, los robos(VER NOTA 4) . La marginación junto con la riqueza alucinante han sido el cultivo ideal para el aumento exponencial de este tipo de delitos en la Ciudad de México.(VER NOTA 5)

Junto al aumento de la criminalidad los habitantes del DF sufrían un menoscabo en sus derechos políticos. A diferencia de otras partes de la República, en la metrópoli la democratización no había llegado y la participación de la sociedad en los asuntos públicos estaba vedada. El DF era visto como una dependencia más dentro de la administración pública federal, en la cual la participación y la opinión de los ciudadanos no tenía lugar. El autoritarismo de viejo cuño seguía reinando y sus habitantes eran considerados menores de edad a pesar del avance y desarrollo de las organizaciones sociales.

Los habitantes del DF no tenían los más elementales derechos políticos: no podían elegir a sus gobernantes, no podían influir en el destino de la ciudad, las leyes que los gobernaban eran redactadas en el Congreso Federal, etc. Quizás gozaban a diferencia de los mexicanos del resto de la República de servicios públicos subsidiados, pero a un costo muy alto: el sometimiento total a la autoridad central.

La situación cambió gracias a la Reforma Política de 1996. En ella se determinó que los capitalinos finalmente recuperarían sus derechos políticos menoscabados desde principios de siglo; con las reformas se recuperó la facultad de elegir democráticamente a sus autoridades gubernamentales y además se constituyó un órgano de representación popular con facultades legislativas. De cualquier manera la reforma dejó mucho que desear al limitarse las atribuciones concedidas al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa; pese a esto, fomentó la esperanza entre la población de que un gobierno y un poder legislativo fruto de la voluntad popular serían capaces de resolver los problemas que aquejaban a la ciudadanía, entre ellos la crisis de la seguridad pública.

El 5 de diciembre de 1997, tras una contundente victoria electoral, Cuauhtémoc Cárdenas tomó posesión como Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ante si tenía uno de los retos más difíciles en los último años: gobernar a la caótica Ciudad de México.

Vialidad, vivienda, desempleo, transporte público, contaminación, marginación, seguridad pública, etc.; parecía que ningún problema social de la vida contemporánea estaba excluido de la lista de asuntos pendientes del nuevo gobierno capitalino. La ciudad estaba de cabeza y era necesaria la llegada de un gobierno que resolviera los añejos problemas que afectaban a la población y amenazaban su desenvolvimiento futuro.

El breve ensayo que tienen ahora en sus manos tratará de dar una visión general de la obra cardenista en la Ciudad de México, enfocándose especialmente a la manera en que se ha enfrentado al problema de la seguridad pública.

Comienzo haciendo un breve recuento de la situación en cuestiones de seguridad pública al momento en que la nueva administración tomó posesión, partiendo del supuesto de que los problemas actuales son resultado de años de indolencia o complicidad frente al problema.

En el siguiente apartado hago una revisión de los órganos encargados de la seguridad pública en la Ciudad de México. Trataré de señalar como convergen instituciones federales y locales bajo el mismo esfuerzo de combatir a la delincuencia. Esto nos permitirá identificar las responsabilidades y funciones de las instituciones existentes.

A continuación reviso el proyecto cardenista en seguridad pública a partir del Plan de Desarrollo para el DF. Esto para conocer la interpretación dada al problema y la manera en que se pretende resolver.

Finalmente trato de hacer una revisión general de los esfuerzos cardenistas para enfrentar el problema tras 16 meses de gobierno (diciembre de 1997-marzo de 1999).

El estudio del desempeño de la administración cardenista cobra un cariz distinto a la luz de las aspiraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD para contender por la presidencia en el año 2000. Muchos afirmaban que el DF sería la tumba de sus aspiraciones políticas... aunque ellos mismos afirmaban que Cárdenas estaba acabado tras el sexenio de Salinas.

De los resultados de la administración cardenista que la población del DF perciba dependerán muchas cosas: el triunfo del PRD en las elecciones para Delegados, asambleístas y Jefe de Gobierno del DF y el éxito de la candidatura presidencial de Cárdenas para el año 2000.(VER NOTA 6)

Más aún, refutará o reanimará la fe de la población en los beneficios de la democracia y la alternancia en el poder.

Notas

1) González Ruiz Samuel, López Portillo Ernesto y Yañez José Arturo, La seguridad pública en México, México, UNAM, 1994, pp. 49. La "Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal", en Legislación Penal Mexicana, México, Ediciones Andrade, 1998, pp. 358.63-358.64 en su artículo 2, ocupa la siguiente definición: "La seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado, y tiene por objeto: I. Mantener el orden público; II. Proteger la integridad física de las personas así como de sus bienes; III. Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía; IV. Colaborar en la investigación y persecución de delitos; y V. Auxiliar a la población en caso de siniestro o desastre."

2) El grado de descomposición en este caso hizo necesaria la participación del ejército mexicano para la captura del Director del Policía Judicial del Estado en 1989, durante el gobierno de Francisco Labastida. A partir de ese momento al ejército se le otorgaron funciones de seguridad pública en ese Estado. La salida de los soldados de sus cuarteles tuvo ahí sus prolegómenos. Desafortunadamente ni el ejército ha podido acabar con el estado de guerra no declarada en aquel Estado. En Culiacán a mediados de 1999 ha habido más de 300 ejecuciones en la vía pública relacionadas con la lucha entre narcotraficantes.

3) véanse las frecuentes menciones de destacados políticos y sus nexos con el narcotráfico; por ejemplo Carlos Hank González, José Córdoba Montoya, Liébano Saénz, Raúl Salinas, Arturo Durazo Moreno, Emilio Gamboa Patrón, Mario Villanueva, Manuel Barlett, etc. Lo triste es que las filtraciones de su culpabilidad se originan en la prensa de los EE.UU., pero el gobierno norteamericano inmediatamente los absuelve por medio de sus órganos de seguridad pública (DEA, FBI, etc.). En todas estos casos debemos tener siempre en mente el caso de José Antonio Noriega, ex-presidente de Panamá , que desde 1980 se sabían sus nexos con el narcotráfico, más al ser útil a los intereses norteamericanos se le mantuvo en el cargo. No fue hasta que mostró cierta rebeldía frente a los dictados norteamericanos que se hicieron públicas sus acciones delictivas y fue procesado. Lo mismo puede estar pasando con nuestros intachables políticos, mientras sean considerados fundamentales para garantizar la estabilidad en el país se les respetará. Otro caso que me viene a la mente es el del general Gutierrez Rebollo, a quien públicamente Barry McCaffrey, jefe de la DEA, exoneraba de cualquier vínculo con el narcotráfico una semana antes de que fuera detenido. ¿Inocencia, ignorancia o complicidad?

4) Los robos constituyen tres cuartas partes de las denuncias presentadas al Ministerio Público durante 1995, 1996, 1997 y hasta noviembre de 1998 de acuerdo a las estadísticas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En 1995 constituyeron 61.73% del total de las denuncias, en 1996 el 62.56%, en 1997 el 61.06% y en 1998 el 69.32% véase Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Informe sobre procuración de justicia, México, PGJDF.

5) La forma en que la Ciudad de México ha crecido, sin considerar las divisiones político-administrativas entre las distintas entidades federativas (DF y Estado de México) y municipales (los municipios conurbados), plantea serias dificultades a la hora de definir estrategias que pretendan resolver los problemas de esta urbe. La Ciudad de México, o mejor dicho la Zona Metropolitana del Valle de México, no tiene una autoridad central y única, por el contrario concurren en la atención de sus demandas y problemas dos entidades federativas y más de 6 municipios autónomos. Ante esta situación resulta difícil establecer una estrategia general para esta aglomeración urbana, máxime cuando las autoridades de cada entidad municipal y estatal provienen de partidos políticos distintos.

6) véase Oscar Enrique Ornelas, "La historia del boxeador que siempre estaba en la lona", en Los 7 días de Cuauhtémoc, México, Editorial Caballero, 1997, pp. 19-31. Colección La Historia Secreta de las Grandes Noticias.

Indice

1. Introducción
2. La situación precardenista
3. La administración cardenista
4. Conclusiones
5. Bibliografía