La situación de la seguridad pública antes de Cuauhtémoc Cárdenas

La población identifica el problema de la seguridad pública con el incremento del número de delitos cometidos. El clima de inseguridad que se percibe es resultado de los ataques en contra de las personas y sus propiedades principalmente. Para la mayor parte de la ciudadanía el problema es una simple cuestión de policías y ladrones.

Sin embargo, el aumento de la criminalidad es un elemento más y no el único dentro de la crisis de seguridad pública. Existen otros problemas más allá de la delincuencia que inciden en este estado de inseguridad y permiten su reproducción.

Encontramos por ejemplo la incompetencia-corrupción de las organizaciones encargadas de la prevención de los delitos, de los órganos de procuración de justicia y de las instituciones cuya función es la rehabilitación de los delincuentes. A continuación señalaré esta problemática brevemente. (Ver nota 1)

a) El aumento de los actos delictivos

El fenómeno relacionado con la crisis de la seguridad pública que con mayor facilidad percibe la gente es el aumento de los delitos cometidos; esto debido a que afectan de manera directa a la población , la gente es o conoce a las víctimas del delito.

El aumento en el índice delictivo en la Ciudad de México se revela claramente es las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) (Ver nota 2)

En los últimos 5 años el número de delitos ha aumentado considerablemente como se refleja en el siguiente cuadro.

No cabe duda que la crisis económica de 1994 incidió en el incremento de los delitos, pero no fue su causa inmediata sino simplemente aceleró una tendencia histórica cuyos orígenes los encontramos en el decenio pasado.

La recesión económica durante la década pérdida, los 80’s, pulverizó el ingreso familiar y lanzó a millones al desempleo, orillándolos a la delincuencia o al comercio informal. (Ver nota 3) La terrible marginación de amplios sectores de la población fue una de las causales del aumento de la delincuencia.

Más la delincuencia no puede explicarse solamente a partir de la pobreza de la población; no hay una relación causal lineal entre pobreza y delincuencia. La prueba fehaciente son las comunidades indígenas depauperizadas que presentan a su interior bajos o inexistentes niveles de criminalidad pese a su condición marginal.

Pensar que la pobreza es causa de la delincuencia es una conclusión incompleta. Deben rastrearse más motivos, como por ejemplo la descomposición de los vínculos y de los valores sociales. La sustitución de la solidaridad por la competencia y la rivalidad en la naturaleza de las relaciones humanas conlleva a la degradación y eliminación de los vínculos fraternales entre los integrantes de la comunidad. También debemos ver la manera en que la población vive rodeada de medios de comunicación que enaltecen la violencia como medio para dirimir los conflictos y la posesión de bienes materiales como camino hacia la felicidad y la realización del individuo.

Lo que distingue al miembro de una comunidad indígena y al famosísismo Chucky (Ver nota 4), ambos seres marginales, es el conjunto de valores y creencias que determinan la conducta de cada uno y al resto de los miembros de las colectividades a las que pertenecen. Mientras uno tiene la facilidad de recurrir en busca de ayuda a sus familiares u otros integrantes de la comunidad durante los tiempos difíciles, el otro sale a la calle pistola en mano para arrebatar lo que la sociedad le ha negado pero le restriega todos los día en los medios masivos de comunicación.

Junto a estos elementos causales del crecimiento de la delincuencia encontramos sin duda alguna la incapacidad de los órganos de seguridad pública: la policía preventiva, la policía judicial, el ministerio público y el sistema de readaptación social. Su impotencia para cumplir con sus funciones ha llevado a un estado general de impunidad.

Los delincuentes encuentran un estímulo para delinquir al ver la ineficacia de las fuerzas de seguridad pública. No les atemoriza la idea de terminar sus días en la cárcel ante las pocas posibilidades de que esto ocurra. En el peor de los casos los delincuentes actúan bajo la protección de la misma autoridad.

La incapacidad-corrupción de las fuerzas de seguridad pública es la cuestión que trataremos a continuación.

b) Incompetencia de los órganos de seguridad pública

En la Ciudad de México, como en el resto de la República, los órganos de seguridad pública se enfrentan al desprestigio, muchas veces ganado a pulso, entre la población. Los policías de tránsito, los preventivos, los judiciales, el ministerio público, y hasta los jueces son acusados de corrupción e ineficiencia por parte de la ciudadanía (Ver nota 5)

La sabiduría popular indica que los órganos de seguridad pública están coludidos con los criminales por lo que es un riesgo solicitar su intervención en busca de justicia.

El ejemplo clásico es el período de López Portillo-Durazo en el cual la corrupción al interior de la policía se institucionalizó y generó un problema difícil de erradicar por lo gobiernos siguientes. Ni la renovación moral de Miguel de la Madrid, con todo y un general del ejército al frente de la policía, pudieron acabar con esta situación que permanece incluso hasta el gobierno de Cárdenas.

La tesis del actual gobierno perredista es que la crisis de los órganos de seguridad pública se debe a la manera en que las anteriores administraciones plantearon el problema: para el régimen priísta la principal amenaza a la seguridad pública no era la delincuencia sino todo aquel que amenazara la estabilidad y permanencia del sistema político, esto es, guerrilleros, organizaciones populares opositoras, etc.

Según esta idea, la función de los órganos de seguridad pública no era la de proteger a la ciudadanía en sus personas y sus bienes, sino eliminar la disidencia política. (Ver nota 6)

De esta manera se explicaría la tolerancia de los gobiernos anteriores hacia organismos como la Dirección Federal de Seguridad ya que no importaba que se aliara con el narcotráfico siempre y cuando eliminara a la Liga 23 de septiembre.

La seguridad pública, entendida como la protección a los ciudadanos, era un tema poco importante para los gobiernos priístas. Fue solamente cuando esta se convirtió en una amenaza para la estabilidad del sistema político y fuente de descontento y movilizaciones populares que le prestaron más atención. Desafortunadamente el problema era ya demasiado complejo y la corrupción corroía las entrañas del aparato gubernamental.

En consecuencia, las medidas sexenales de los últimos años han sido incapaces de controlar o revertir la crisis de la seguridad pública. Estas medidas además tuvieron que enfrentarse a la astringencia presupuestal de los últimos años que impidió destinar mayores recursos para la creación de nuevos reclusorios, invertir en cursos de preparación para los policías, custodios y ministerio público, la compra de armamento y equipo, etc. (Ver nota 7)

Los esfuerzos gubernamentales de las últimas administraciones han sido principalmente orientados a mejorar a las policías preventivas y judiciales (Ver nota 8) se orientan al mayor equipamiento, capacitación y aumento de efectivos de esas corporaciones.

Al mismo tiempo se han venido endureciendo más las penas por los delitos cometidos. Por ejemplo, un delito penado en 1931 con 3 años y dos meses de prisión en promedio, ahora en 1999 se castiga con 9 años. (Ver nota 9)

Desgraciadamente este tipo de medidas están lejos de inhibir a la delincuencia y a lo único que llevan es a la sobrepoblación de los reclusorios al no ir acompañadas con un programa de construcción de centros penitenciarios.

El gobierno no se ha esforzado en reorganizar y refundar los centros de readaptación social; los presos se convierten en ciudadanos de segunda ya que no se les ofrecen oportunidades de readaptación y la mayor de las veces llegan a aprender nuevas artimañas, a adquirir algún vicio, o a entablar contactos con delincuentes profesionales. Un ejemplo de esta situación es que al interior de los penales no existen programas obligatorios para la rehabilitación de los drogadictos; las autoridades penitenciarias en lugar de establecer proyectos de desintoxicación y rehabilitación prefieren hacerse de la vista gorda ante el tráfico de droga al interior de los penales.

En general se ha mostrado una total indiferencia, sino es que desprecio, por la readaptación social de los delincuentes. Su tesis seguramente concibe que el delincuente es un especie de perro rabioso al que únicamente hay que excluir del resto de la sociedad y esperar a que muera. Esta actitud tiene graves repercusiones para la sociedad y es un elemento fundamental para la explicación de la actual crisis de la seguridad pública.

La procuración de justicia también deja mucho que desear. La gente se enardece cuando salen libres los delincuentes tras estar algunos días en el reclusorio a pesar de haber cometido una falta grave. Lo que explicaría algunas veces esta situación es que el Ministerio Público integra erróneamente las averiguaciones previas, que contiene los argumentos que señalan al indiciado como culpable. Ante una averiguación previa deficiente el Juez puede decretar la liberación del sospechoso por falta de pruebas contundentes, aunque si sospecha de la responsabilidad delictiva del acusado está plenamente facultado para perfeccionar la averiguación.

Este problema deriva muchas veces del número de denuncias que tiene que atender un Ministerio Público junto al poco tiempo disponible para elaborar las averiguaciones previas, 72 horas. Otras veces es consecuencia de la deficiente preparación de los MP, que no tienen el conocimiento ni la experiencia para llevarlas a buen término. En el peor de los casos esta ineptitud no es más que corrupción encubierta.

Los mismos problemas enfrenta el poder judicial. Los jueces tienen que trabajar en muchos y distintos casos al día teniendo también un plazo máximo para concluir el juicio. Bajo estas condiciones no es de extrañar los errores cometidos en la procuración de justicia.

Otra medida tomada por las autoridades federales, y en consecuencia también en el DF, ha sido la de sacar de sus cuarteles al ejército y mandarlo a cumplir funciones de policía. En 27 Estados a lo largo de la República los militares han sustituido a los policías de formación en las distintas corporaciones policiacas.

La población siente una fascinación por los militares. Existe el ideal popular de que el sector castrense tiene todas las cualidades necesarias para enfrentar el problema de la delincuencia: honradez, capacidad, disciplina, abnegación, aptitud técnica, etc. Estas características, comparadas a las de los policías comunes, de acuerdo con el criterio popular, resultan un imán para el apoyo a la militarización por parte de la población. Así, los militares traerían consigo la erradicación de la corrupción, la indisciplina y la incompetencia al interior de las instituciones de seguridad pública. (Ver nota 10)

Aunque no tarda de llegar el desencanto. En la Ciudad de México este vino tras el asesinato, luego de juicio sumario como en tiempos de la revolución, de 6 presuntos delincuentes, jóvenes todos ellos, a manos de la policía militarizada. Aunque algunos sectores, proclives a la mano dura, vieron con agrado esta acción y de paso reafirmaron sus teorías sobre la solución a la crisis de seguridad pública mediante la violación permanente a los derechos humanos de los "delincuentes". En el resto de la república la población ha comprobado que ningún general resiste un cañonazo de 50 mil pesos, como en los casos del General Gutiérrez Rebollo y los jefes de las zonas militares de Baja California y Jalisco.

En la Ciudad de México los militares dejaron de participar en los órganos de seguridad pública ya hasta la administración cardenista a pesar de las críticas en contra de la militarización por parte de amplios sectores de la población. En el resto del país las cosas no han cambiado y los militares fungen aún como policías a pesar de los escándalos de corrupción y la poca efectividad de los militares.(Ver nota 11)

Los soldados, en resumen, han sido incapaces de resolver el problema de la delincuencia, por no decir el de la crisis de la seguridad pública, y sólo han generado nuevos conflictos. (Ver nota 12)

Con la experiencia de los militares en las calles se advierte que la crisis de la seguridad pública no es una mera cuestión de policías y ladrones y en consecuencia no se resuelve con más policías sino que debe plantearse una estrategia que incluya tanto el factor preventivo como de readaptación; más aún, nada de ello funcionará manteniéndose la marginación de amplios sectores de la población.

Este era el panorama, a grandes rasgos, en cuestiones de seguridad pública en el DF al que Cuauhtémoc Cárdenas se enfrentaba al inicio de su administración. A continuación revisaré el trabajo del gobierno cardenista.

Notas

1) por razones de extensión sólo consideró los que a mi parecer son los más relevantes. Para un estudio más profundo de las raíces de la crisis de la seguridad pública en México véase González Ruiz, op.cit., pp. 67-116. Este autor señala por ejemplo: la ausencia de un Ministerio Público autónomo, la influencia corruptora del narcotráfico, las leyes penales no sustentadas en amplios y profundos análisis jurídicos que prevean su impacto inmediato, desconocimiento de las estructuras y funcionamiento del crimen organizado, capacitación de agentes policiacos y posterior expulsión de los mismos, masificación de la policía en lugar de mejorar su calidad, etc.

2) según Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, op.cit.; aunque cabe hacer una importante aclaración: estos datos se refieren a los delitos denunciados, que no necesariamente son igual al número de delitos cometidos. Como resultado de la pérdida de confianza de la población hacia los órganos de seguridad pública, aquella se abstiene de recurrir a estos. No hay cifras confiables sobre el número de delitos cometidos, por lo que se manejan distintas cifras de acuerdo al cliente: Armado Salinas señalaba que sólo 4 de 100 delitos cometidos eran denunciados. También hay que aclarar que en un mismo acto delictivo pueden concurrir varios tipos de delitos, considerados por separado en las estadísticas.

3) el comercio informal, ambulante, no es un delito en sí; pero proporciona un mercado excepcional para la colocación de mercancías de dudosa procedencia (robadas o de contrabando).

4) un criminal acusado de asesinar al ciudadano norteamericano Peter John Zarate en diciembre de 1997. Se convirtió en una celebridad a partir de que la juez Campuzano López lo liberó por "falta de pruebas" a pesar de que el mismo Chucky confesó su culpabilidad y un testigo señalaba su participación en el crimen. Como consecuencia de su liberación inició una disputa entre la PGJDF y la juez Campuzano, en donde ambas partes se acusaban mutuamente de corrupción e incompetencia. La PGJDF descubrió que la juez juzgaba con servicio exprés, cometiendo errores imperdonables en cualquier proceso como mezclar información de averiguaciones previas referentes a otros denuncias y procesos. Al final la juez fue absuelta de estos errores pero fue separada del cargo por una minucia administrativa (no le correspondía juzgar al Chucky por estar en período de vacaciones) y el Chucky fue recapturado y encarcelado tras cometer otro delito.

5) véase Silvia Cheren, "Justicia Hueca" en Reforma, México D.F., 8 de febrero de 1998, pp. 2b. En este artículo se muestra un terrible caso de incompetencia con visos de corrupción por parte del Ministerio Público y el Juez.

6) esta idea es desarrollada en "Comparecencia del Secretario de Seguridad Pública Doctor Alejandro Gertz Manero", en Diario de Debates de la Asamblea Legislativa, México D.F., 6 de octubre de 1998, pp. 7-32. También puede encontrarse en los discursos de Cuauhtémoc Cárdenas y, más recientemente, en la entrevista de Pablo Gómez con Sergio Sarmiento en el programa La entrevista con Sarmiento, México DF, Canal 13, 30 de julio de 1999. La versión estenográfica la pueden encontrar en http://www.tvazteca.com.mx/televidentes

7) A menudo se menciona que lejos de mantenerse o reducirse el presupuesto destinado a la seguridad pública este ha aumentado con claros objetivos de represión. Sin embargo estos argumentos solo se basan en el crecimiento nominal más no real del gasto en seguridad pública. Se les olvida considerar el efecto que causa la inflación sobre la moneda nacional; por esta razón no llegan a la conclusión de que el gasto real destinado a la seguridad no sólo no ha aumentado sino que ha venido disminuyendo; aunque claro está el gasto nominal se ha incrementado notoriamente.

8) Considérese por ejemplo el gran proyecto del presente sexenio: la Policía Federal Preventiva. Para el gobierno será una especie de FBI mientras que para los detractores sólo se revivirá a la desaparecida DFS con todos sus vicios.

9) algunos especialistas señalan que esta tendencia hacia el alargamiento de la reclusión es un grave error. Una mejor alternativa es castigar los delitos no graves con penas alternativas como el trabajo comunitario, el pago de multas, la incautación de bienes, etc. Esta medida lo único que genera es la sobrepoblación en los reclusorios, en los que se mezclan los criminales más peligrosos con lo que cometieron un delito no grave. Carlos Tornero, antiguamente encargado de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del DF afirmaba que de 35% a 45% de los reclusos podrían ser penados con castigos extramuros sin que tuvieran que permanecer encarcelados con el fin de evitar la sobrepoblación. En el DF en 1993 había 8,500 internos y para 1998 ya eran 13,830. Véase María Luisa Pérez, "Aumenta población en los penales en 86%", en Reforma, México D.F., 29 de enero de 1998, pp. 2b. Ante esta problemática Leonel Godoy propuso la preliberación de algunos reos; sin embargo este anuncio desató la histeria colectiva entre la población, azuzada por los medios de comunicación, pensando que los violadores, secuestradores y asesinos serían enviados de nuevo a las calles. Ni los medios, ni la población se esforzaron en investigar con mayor detalle el proyecto y descubrir que los beneficiados serían los encarcelados por delitos no graves (injurias, daño a propiedad privada, abuso de confianza, etc.)

10) Esta "militarización" de la policía algunas veces implica que los soldados ocupen los puestos más altos en el organigrama de las policías judiciales y preventivas; en otras los milicianos son uniformados como policías y los ponen a patrullar las calles. En los casos extremos es el mismísimo ejército, sin guardar las apariencias disfrazándose de policía, quien patrulla y vigila las calles.

11) Incluso se habla de que la Policía Federal Preventiva estará integrada principalmente por militares (Post Scriptum: en julio de 1998 el recién desempacado Secretario de Gobernación Diódoro Carrasco anunció con bombo y platillo la creación de esta policía; como se temía, a los militares nuevamente se les habilitó como policías . Los mal pensados creen que es la reacción del regímen ante los comicios electorales del 2000 que serán sumamente disputados, máxime ante la posibilidad de que se establezca una gran alianza opositora).

12) Severas críticas han sido lanzadas en contra de esta medida. Para Samuel González, op.cit., pp. 84-86 "el encargar a las Fuerzas Armadas la Seguridad Pública es completamente contrario al desarrollo armónico y los intereses estratégicos de los institutos armados de un país" El autor expone las siguientes razones en contra de la militarización de la policía: "A) un soldado defiende la seguridad exterior e interior del estado de los enemigos del mismo; en consecuencia su objetivo es destruir al enemigo, para eso es formado. Un policía no tiene enemigos, su función es la de actuar en el marco del Estado de Derecho previniendo el delito y las faltas a las normas gubernativas o reprimiéndolas en el estricto marco de la ley. B)el soldado no reconoce más derechos que el de la guerra, por lo que el parámetro de respeto a los derechos humanos no es privilegiado. Un policía profesional en cambio está formado para respetar y hacer respetar los derechos humanos y las libertades públicas. C) El soldado no tiene técnicas de policía para el resguardo del orden público y el control de multitudes por lo que es peligroso que realicen estas tareas. El policía profesional está formado con conocimientos técnicos y habilidades necesarias para garantizar el orden público sin lastimar a los que atentan en contra del mismo. D) La Constitución asigna a las fuerzas armadas la defensa exterior e interior del Estado. Distingue en consecuencia entre aquellas y la seguridad pública que sólo compete a las autoridades civiles. E) Un país con fuerzas de seguridad pública bien organizadas y técnicamente bien preparadas no necesita recurrir a la Fuerzas Armadas ni militarizarse para garantizar la seguridad pública. Incluso la militarización de las policías atenta contra el concepto de policía moderna e impide su desarrollo. F) las fuerzas armadas están compuestas por un grupo de ciudadanos que pueden realizar múltiples funciones; sin embargo a nadie se le ha ocurrido que sean empleadas, por ejemplo, para entregar puntualmente el correo o para limpiar las calles. La seguridad pública es definida en la constitución como un servicio público: dicho servicio debe de ser brindado por profesionales; justamente de lo que ha carecido México es de una policía profesional. G) El que las fuerzas armadas participen en acciones contra el narcotráfico las expone a la corrupción, vulnerando su función fundamental: la defensa del Estado."

Indice

1. Introducción

2. La situación precardenista
   
3. La administración cardenista
   
4. Conclusiones

5. Bibliografía