18 de agosto de 2004
Pareciera que los gobiernos panistas se sienten más cómodos imponiendo el orden por encima de la ley, sin rendir cuentas a nadie, sin respetar la legislación, sin respetar los derechos humanos, comportándose como las dictaduras militares más represivas...
El 28 de mayo de 2004 se celebró en Guadalajara la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Una parte de la seguridad durante el evento estuvo a cargo del Gobierno Muncipal y del Gobierno Estatal (gobiernos en poder de autoridades panistas).
Organizaciones altermundistas se manifestaron en las calles de Guadalajara en contra de la Cumbre y su discurso. Hubo enfrentamientos entre los manifestates y los cercos policiacos (integrados por la policía municipal y estatal).
En los enfrentamientos la policía municipal y estatal reprimieron violentamente a los manifestantes.
No conformes con esto, la policía municipal y estatal detuvieron a manifestantes para someterlos a torturas y a tratos inhumanos y crueles durante su encarcelación. Adicionalmente hubo retenciones ilegales, sin orden de aprehensión de por medio o en flagrancia.
El 18 de agosto de 2004 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe señalando las torturas, las detenciones arbitrarias y los tratos inhumanos y crueles que cometieron la policía municipal y estatal.
Según el informe las fuerzas policiacas llevaron a cabo 73 detenciones ilegales, incomunicaron a 73 personas, hubo 19 casos de tortura y otros 55 de tratos crueles y degradantes, todos documentados.
El Gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña, panista, trató de justificar el accionar de sus muchachitos argumentando que los altermundistas "vinieron a atacar Guadalajara" y que "trataron de incendiar la propia ciudad". Consecuentemente no amonestó y mucho menos castigó a los responsables de las torturas, las detenciones arbitrarias y los tratos inhumanos y crueles pese a contravenir el orden legal, pese a ser un delito. Al menos no los condecoró.
Ante esta indolencia, algunos apelaron a una autoridad superior y acudieron al Secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, otro panista.
Pero en lugar de poner orden y hacer cumplir la ley, Santiago Creel Miranda se lavó las manos y afirmó: "Las relaciones del organismo (la CNDH) con los estados dependen exclusivamente de dos partes. Haríamos muy mal en intervenir en una relación que tiene que ver con una entidad autónoma". Concluyó su disertación señalando que es un asunto de competencia estatal...
Para algunos las torturas, las detenciones arbitrarias y los tratos inhumanos y crueles son un castigo justo y bien merecido por lo altermundistas. Los gobiernos federal, municipal y estatal panistas parecen estar de acuerdo con ello.
El problema es que las faltas cometidas por los altermundistas (destrucción de propiedad pública y privada, lesiones, etc.) no se deben castigar con torturas, detenciones arbitrarias o tratos inhumanos y crueles.
El código penal establece claramente cuales son las sanciones por esos delitos.
Pero pareciera que los gobiernos federal, municipal y estatal panistas no están interesados en respetar el estado de derecho, en acatar la legislación vigente...
De esta manera los castigos a faltas cometidas quedan al libre arbitrio de las autoridades... tal y como hicieron los priistas durante la guerra sucia, en el 71, en el 68, y en la represión de movimientos sindicales y campesinos. Un comportamiento digno de las dictaduras militares más feroces de América del Sur o Africa. Este "cambio" seguro no lo queremos.
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