Conflictos comerciales: el sector de las telecomunicaciones

Teléfonos de México (TELMEX) luego de ser privatizada inició un programa para otorgar el servicio de larga distancia internacional en el Sur de los EE.UU.; este servicio estaba orientado principalmente a satisfacer las necesidades de los consumidores mexicanos o descendientes de mexicanos radicados en la región y que se comunicaban frecuentemente con sus parientes al sur de la frontera.

Sin embargo, las más importantes empresas telefónicas norteamericanas, ATT y MCI, operaron de tal forma que consiguieron la prohibición gubernamental que impedió las operaciones de TELMEX dentro de territorio norteamericano, aduciendo que la empresa mexicana incurría en prácticas monopólicas en México.

El gobierno mexicano no respaldó abiertamente a TELMEX en esta querella, dejando a los abogados corporativos de la empresa todos los intentos por abolir la prohibición de sus operaciones en territorio norteamericano.

El conflicto no termina aquí; luego de la apertura en los servicios de larga distancia telefónica en el interior del país, permitiendo la entrada de nuevas empresas al mercado, el gobierno mexicano le ha dado casi una patente de corso a las empresas MCI y ATT, muchas veces en prejuicio de la empresa mexicana (sobre todo en lo que se refiere a tarifas de interconexión).

Las empresas MCI y ATT se benefician del mercado mexicano gracias a la laxa regulación sobre el sector de las telecomunicaciones y el aval-apatía del gobierno mexicano. Mientras tanto TELMEX pierde terreno en el mercado nacional y, al momento de escribir esto, tiene vedado el acceso al mercado norteamericano.

Más aún, recientemente (julio de 2000) el Gobierno Norteamericano demandó la instauración de un panel para la solución de controversias comerciales motivado por las prácticas de TELMEX en México que, según alegan, estableció barreras a la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

Los argumentos centrales de la demanda norteamericana son las tarifas de interconexión cobradas por Telmex a las empresas telefónicas que utilizan su infraestructura (como Avantel -socia de la norteamericana MCI- y Alestra -asociada con la norteamericana ATT-) y las tarifas cobradas a los usuarios finales del servicio. Tales prácticas son monopólicas, a vista de EE.UU. y sus empresas afectadas e imposibilitan el acceso de nuevas empresas al mercado mexicano.

En un principio, cuando EE.UU. anunció su demanda en contra de Telmex, Jorge Nicolín, director de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), mostró una faceta desconocida entre las autoridades mexicanas: afirmó que defendería "con todo" a la empresa mexicana ya que la razón le asistía.

Desafortunadamente esta reacción duró poco, a la semana siguiente la COFETEL planeaba ya la reducción de las tarifas de interconexión en beneficio de las empresas norteamericanas, adelantándose casi tres años al plan tarifario acordado con anterioridad. Se proponía que para octubre de 2000 las tarifas tuvieran niveles que anteriormente se habían programado para el año 2003.

A mediados de septiembre la COFETEL dictaminó que Telmex debería cobrar "al costo" las tarifas de interconexión, lo que implicaba su drástica reducción. Se resolvió reducir la tarifa de interconexión de 3.2 centavos de dólar a sólo 1 centavo de dólar. Para Telmex esta reducción implicaría que dejaría de recibir 800 millones de dólares cada año.

Esta disposición no fue suficiente ni para las empresas ni para el gobierno norteamericano: la demanda para el establecimiento de un panel continuó.

Telmex no se quedó cruzada de brazos. Tras conocer el dictamen de la COFETEL anunció que promovería un amparo en contra de la medida. Tal decisión alargaría la solución final del conflicto, heredándose a la administración presidencial siguiente, a la de Vicente Fox.

Telmex contaba con el apoyo del Sindicato de Telefonistas. Los telefonistas, conocedores de la situación laboral prevaleciente en las otras compañías (salarios por hora, inexistencia de contratos colectivos, nulas prestaciones sociales, inexistencia de personal sindicalizado), se opusieron a la postura de la COFETEL arguyendo que ponía en peligro el futuro de Telmex, su fuente de trabajo. Argumentaban que las trasnacionales querían apoderarse del mercado telefónico de las principales ciudades y que no les interesaba desarrollar el terreno aún virgen de la telefonía rural.

Ante el amparo promovido por Telmex, EE.UU. inició el procedimiento para el inicio de un panel para la solución de controversias comerciales en la OMC alegando que Telmex-México violaban sus compromisos de acuerdo a la reglamentación de la OMC en materia de apertura del mercado de telecomunicaciones.