Conflictos Comerciales: El Conflicto Azucarero

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN / NAFTA) la industria azucarera mexicana se vio afectada por la importación de fructosa, un edulcorante derivado del maíz que sustituye al azúcar en procesos productivos como la elaboración de refrescos.

Ante la embestida de la fructosa, los productores mexicanos de azúcar recurrieron a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) para que se establecieran las medidas necesarias para proteger a la industria nacional. El resultado fue el establecimiento de cuotas compensatorias a la importación de fructosa en 1997 como medida de salvaguarda en favor de la industria azucarera mexicana.

La consecuencia de estas cuotas compensatorias fue la caída de las importaciones de fructosa: en 1997, último año en que la fructosa entró al país sin cuotas compensatorias, se importaron 337 mil toneladas y para 1999 sólo ingresaron 247 mil toneladas.

Al verse perjudicados los granjeros norteamericanos productores de fructosa solicitaron al Departamento de Comercio de EE.UU. que tomara las medidas necesarias para defender sus intereses legalmente. El gobierno norteamericano recurrió a la Organización Mundial de Comercio (OMC / WTO ) para que revisara las acciones mexicanas en contra de la fructosa, argumentando la ilegalidad de las cuotas compensatorias impuestas.

Tras el establecimiento de un panel para la solución de controversias comerciales, la OMC falló en favor de EE.UU. alegando que al imponer México las cuotas compensatorias a la fructosa de manera unilateral había violado varios acuerdos comerciales.

La situación se complicó cuando los empresarios del azúcar, agobiados por las deudas y la crisis de sobreproducción, incluyeron en su petición a la SECOFI una demanda más: adelantar la fecha en que la industria mexicana tendría derecho a exportar todos sus excedentes de azúcar (julio de 2000).

Al plantear SECOFI la nueva demanda al Departamento de Comercio de EE.UU. salieron a la luz las cartas paralelos firmadas por Mickey Kantor y Jaime Serra Puche en las que se modificó la redacción y contenido del capítulo azucarero del TLCAN.

En estas cartas paralelas se determinó que la fructosa sería contabilizada para determinar la producción y el consumo del mercado de dulce y en consecuencia determinar el excedente de producción de azucar mexicana que podría ser exportada hacia EE.UU.

Al incluir a la fructosa en el cálculo, el total de los excedentes de producción del sector azucarero se reducía. Al importar México fructosa era evidente que no había excedentes de producción, en consecuencia la frontera de EE.UU. no se abriría al azúcar mexicano.

Los productores mexicanos de azúcar descubrieron que de incluir a la fructosa en el cálculo se verían imposibilitados para exportar sus excedentes, calculados en unas 575 mil toneladas.

Los cálculos realizados, considerando las importaciones de fructosa, determinaban en tan sólo 100 mil toneladas el monto del excedente de producción y en consecuencia sólo esa cantidad sería sujeta a acceso preferencial al mercado norteamericano.

Los productores mexicanos de azúcar exigieron a la SECOFI que garantizara el acceso preferencial al mercado norteamericano a las 575 mil toneladas de azúcar. Pero conforme lo pactado en las cartas paralelas, eso resultaba imposible.

A la SECOFI sólo le quedaba apelar a la buena voluntad de los EE.UU. para incrementar el volumen de azúcar sujeto a acceso preferencial al mercado norteamericano. La respuesta llegó pronto: los EE.UU. también atravesaban una crisis de sobreproducción que les impedía abrir indiscriminadamente sus fronteras, so pena de deprimir los precios. Consecuentemente sólo permitirían el acceso al monto de azúcar convenido en las cartas paralelas firmadas por Kantor y Serra Puche.

La SECOFI, más como mero acto simbólico, solicitó la instauración de un panel para la solución de controversias en el marco del TLCAN para resolver el diferendo. Pero aún antes de que se inicie se sabe que la razón asiste a EE.UU. y no hay nada que discutir. El caso lo tiene perdido México y no hay posibilidad alguna de que la SECOFI pueda conseguir el acceso preferencial al azúcar mexicano.

Los EE.UU. dispuestos a sacar provecho de la situación propusieron a finales de agosto de 2000 la apertura de sus fronteras al azúcar mexicano a cambio de un trato similar y equitativo para las importaciones mexicana de fructosa norteamericana.

La SECOFI llegó a un callejón sin salida: si negocia el acceso del azúcar mexicano a EE.UU., la fructosa norteamericana vendrá a desplazar definitivamente al azúcar aunque aplazará por un año o dos la quiebra de la industria nacional. Y si no logra el acceso del azúcar al mercado norteamericano, la industria nacional quebrara -agobiada por su endeudamiento- lo que permitirá el ingreso de la fructosa norteamericana para satisfacer la demanda interna.

En un nuevo capítulo del caso, México se aferra a un infantil argumento: Luis de la Calle subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, desconoce la validez de las cartas paralelas ya que "sólo están rubricadas, pero no firmadas". Situación que para el subsecretario convierte a las cartas en borradores y no en documentos oficiales con validez legal.

Este caso revela la ineptitud de los negociadores mexicanos a la hora de firmar el TLCAN, incapaces de defender los derechos de los productores nacionales al no haber previsto las consecuencias de incluir a la fructosa en el cálculo de los excedentes de producción del mercado de edulcorantes mexicano.

Durante las negociaciones del TLCAN la SECOFI consideró en sus proyecciones que existiría un déficit en el mercado de endulzantes de un millón y medio de toneladas. Esta perspectiva los llevó por un lado a abrir las fronteras mexicanas a la importación de fructosa y maíz y por otro lado a negociar y aceptar volúmenes ínfimos de azúcar mexicana sujeta a acceso preferencial al mercado norteamericano.

Hay que reconocer también la habilidad y los conocimientos de los negociadores norteamericanos para prever situaciones que les significarán beneficios.

Hay que destacar que las cartas paralelas firmadas por Kantor y Serra son producto de la presión ejercida por los senadores de EE.UU. Esto es, los senadores tenían una postura que protegía los intereses de los ciudadanos norteamericanos, de sus electores. Esta postura fue tomada en cuenta por los funcionarios norteamericanos que negociaronen TLCAN y las cartas paralelas.

Una situación distinta sucedió en México, donde los senadores se limitaron en aprobar lo negociado por el Poder Ejecutivo Federal sin preocuparse por proteger o considerar los intereses de los campesinos y los industriales mexicanos.

Mientras esto sucede la situación de la industria azucarera mexicana es preocupante: los ingenios azucareros acumulan deudas por casi 2,500 millones de dólares. Muchos empresarios han comenzado a negociar la venta de sus negocios a corporaciones trasnacionales, tal como sucede con el Corporativo Azucarero Escorpión, que controla el 21% de la producción de azúcar en México.

De concretarse la venta de los ingenios y ante la crisis de sobreproducción en el mercado internacional del azúcar no sería nada raro que los nuevos dueños decidieran cerrarlos de manera definitiva. Para las corporaciones que llegaran a comprarlos no sería prudente mantener la producción si el principal mercado -el norteamericano- continúa cerrado a las exportaciones mexicanas; ni los bajos costos de producción serían atractivo suficiente para mantener funcionando a los ingenios mexicanos.

Esto consecuentemente implicaría desempleo para los campesinos que se dedican a cultivar azúcar situación que solo empeoraría su ya precario modo de vida.

Postscriptum, 3 de septiembre de 2001

La quiebra virtual de los ingenios cobra sus primera víctimas: los productores de caña protestan en la Ciudad de México porque los dueños de los ingenios les adeudan miles de pesos en producto y prestaciones.

La historia se repite....el 3 de septiembre de 2001, violando las reglas del libre mercado que supuestamente defiende con tanto encono, el gobierno decidió expropiar 27 ingenios azucareros -de 60 existentes en el país- ante la bancarrota en la que se encontraban. Con recursos públicos van a pagar las deudas que adquirieron los administradores de los ingenios.

Por ahora la crisis aparentemente se ha resuelto: los vendedores de caña, los acredores y los bancos tendrán quien les pague... Pero las causas del problema siguen latentes: la imposibilidad de exportar azúcar a EE.UU. y la entrada de fructosa indiscriminadamente que desplaza al azúcar en el mercado interno.

Un ejemplo de la estupidez/incompetencia sin límite: mientras tanto los negociadores mexicanos en la OMC y el panel de controversias del TLCAN fueron incapaces de probar que la entrada de fructosa al país causaba un daño a la industria azucarera mexicana. Consecuentemente tanto la OMC como el panel del TLCAN concluyeron que los aranceles establecidos a la importación de fructosa son ilegales y deben ser eliminados.

Postscriptum, 1 de enero de 2002

El Congreso de la Unión decidió crear un nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las bebidas que utilicen fructosa, en un intento por obligar a las empresas productoras de refrescos y jugos a utilizar azúcar mexicana.

El Departamento de Comercio de los EE.UU. muestra su molestia por esta medida que afecta a sus productores de fructosa.

Postscriptum, 1 de marzo de 2002

Vicente Fox, "Nuestro hombre en México" según palabras textuales de George Bush, cancela el impuesto especial para las bebidas que utilicen fructosa. Esta medida se realiza en beneficio a los productores de fructosa norteamericanos y en prejuicio de los productores mexicanos de azúcar. ¿Este es el gobierno del cambio?... Pura Mercadotecnia.

Postscriptum, 14 de julio de 2002

Tras la derogación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios el Congreso dela Unión reaccionó inmediatamente y acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apelar la decisión.

Tras analizar el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que el Poder Ejecutivo no tiene las facultades para decretar la suspensión de un impuesto autorizado por el Congreso.

El 16 de julio de 2002 entró en vigor nuevamente Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del 20% a los refrescos endulzados con alta fructosa.